Dos Hermanas Diario Digital se hace eco en su Buzón del Lector de un artículo remitido por Manolo Lay, coordinador local de Izquierda Unida en Dos Hermanas, sobre la política que se está llevando a cabo en Andalucía en materia de vivienda. Si desea participar en esta sección, puede enviar un e-mail a doshermanasdiariodigital@gmail.com exponiendo su queja, comentario o sugerencia. Si lo desea, puede acompañarla también de alguna fotografía.
Desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz, hemos trasladado un objetivo claro a la ciudadanía: la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa.
La crisis del capitalismo ha provocado en torno a 400.000 desahucios en el conjunto de España desde 2007. En Andalucía unos 86.000. Es por esto que Izquierda Unida Andalucía ha impulsado el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por nuestra compañera Elena Cortés.
Este Decreto-Ley consagra la vivienda como derecho protegido y no como mera mercancía, dando respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional. Supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas y, por tanto, apunta directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas.
Con este Decreto-Ley, Andalucía se sitúa a la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda. Frente a otros gobiernos autonómicos o el Gobierno central, Izquierda Unida cumple su programa estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social:
El objetivo del Decreto-Ley es hacer aflorar el máximo número posible de las entre 700.000 y un millón de viviendas vacías y tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo…
El Decreto-Ley se suma a una amplia batería de medidas puestas ya en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, desde la llegada de Izquierda Unida al Gobierno andaluz, como el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (1.000 desahucios parados en sus primeros tres meses y medio) y la paralización de desahucios en el parque público de vivienda. Izquierda Unida en el Gobierno no va añadir más dolor al dolor ni va a contribuir a agrandar la brecha de la emergencia habitacional.
¿Qué puede ocurrir ahora? Pues es previsible, porque ya lo vienen haciendo desde hace tiempo atrás: Izquierda Unida Andalucía se va a enfrentar a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas, al poder económico que va a ver en este decreto una amenaza real a su política de avaricia y especulación.
Mientras Andalucía camina en la senda de regular el derecho humano a la vivienda desde lo público, el Partido Popular (PP) articula medidas ultraliberales entregando al mercado el derecho a la vivienda, con el objetivo de volver a construir una burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler.
Somos un problema para el régimen y somos conscientes de ello. Pero hay motivos más que suficientes para que salgamos a defender que sí se puede y que en Andalucía, Izquierda Unida lo está consiguiendo porque #HayAlternativa.
Desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz, hemos trasladado un objetivo claro a la ciudadanía: la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa.
La crisis del capitalismo ha provocado en torno a 400.000 desahucios en el conjunto de España desde 2007. En Andalucía unos 86.000. Es por esto que Izquierda Unida Andalucía ha impulsado el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por nuestra compañera Elena Cortés.
Este Decreto-Ley consagra la vivienda como derecho protegido y no como mera mercancía, dando respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional. Supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas y, por tanto, apunta directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas.
Con este Decreto-Ley, Andalucía se sitúa a la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda. Frente a otros gobiernos autonómicos o el Gobierno central, Izquierda Unida cumple su programa estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social:
- La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada.
- No es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler.
- Expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a los bancos, filiales y entidades de gestión que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional.
- Sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que tengan viviendas vacías.
- Incentivos al alquiler para personas físicas.
El objetivo del Decreto-Ley es hacer aflorar el máximo número posible de las entre 700.000 y un millón de viviendas vacías y tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo…
El Decreto-Ley se suma a una amplia batería de medidas puestas ya en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, desde la llegada de Izquierda Unida al Gobierno andaluz, como el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (1.000 desahucios parados en sus primeros tres meses y medio) y la paralización de desahucios en el parque público de vivienda. Izquierda Unida en el Gobierno no va añadir más dolor al dolor ni va a contribuir a agrandar la brecha de la emergencia habitacional.
¿Qué puede ocurrir ahora? Pues es previsible, porque ya lo vienen haciendo desde hace tiempo atrás: Izquierda Unida Andalucía se va a enfrentar a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas, al poder económico que va a ver en este decreto una amenaza real a su política de avaricia y especulación.
Mientras Andalucía camina en la senda de regular el derecho humano a la vivienda desde lo público, el Partido Popular (PP) articula medidas ultraliberales entregando al mercado el derecho a la vivienda, con el objetivo de volver a construir una burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler.
Somos un problema para el régimen y somos conscientes de ello. Pero hay motivos más que suficientes para que salgamos a defender que sí se puede y que en Andalucía, Izquierda Unida lo está consiguiendo porque #HayAlternativa.
MANOLO LAY
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