Los mismos que se desgañitan avisando de que la sanidad pública (o la educación, las pensiones, la dependencia y los bomberos…) es insostenible para las arcas del Estado son los primeros en ser premiados con un empleo por el adjudicatario que asume la gestión privada de la concesión. Entonces deja de ser insostenible para convertirse en rentable y, de paso, ser muy lucrativa para el vocero que propició el cambio de titularidad del servicio o prestación públicos. Sucede siempre igual, no hay más que rastrear las hemerotecas.
Si hace unos días fue Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, a quien se descubre que forma parte de la empresa a la que adjudicó servicios privatizados del Hospital del Tajo en Aranjuez, anteriormente había sido su compañero “político” y antecesor en el cargo, Juan José Güemes (que tuvo la decencia de dimitir en cuanto se aireó el asunto), y mañana será, con mucha probabilidad, Javier Fernández-Lasquetty, actual consejero del ramo.
Todos ellos brindan el rostro de lo que funciona como “puertas giratorias” que comunican la política con el mundo de los negocios y los intereses particulares. Pero, más allá de las personas y su deshonesta avaricia, está el modelo económico que se intenta implantar, con la excusa de la presunta ruina que amenaza a cualquier prestación pública y aprovechando que la crisis pasa por donde ellos quieran, como el Pisuerga.
No son los únicos ni los primeros, pero tampoco los últimos. Hay un denodado esfuerzo político por cambiar el modelo social y económico que, hasta hoy, había conformado lo que se denomina "Estado de Bienestar", basado en la provisión de determinados servicios públicos, considerados necesarios para la vida de la mayoría de la población y, por tanto, de interés común, cuya financiación se consigue gracias a una tributación progresiva, en la que cada cual contribuye con sus impuestos de acuerdo a su capacidad de renta.
Y esto es lo que se quiere cambiar. Lo que pertenecía a la mayoría se desea privatizar para que pertenezca a un promotor mercantil que sólo busca el beneficio, gracias a la ayuda que le presta esa política que actúa de portavoz para convencer a la ciudadanía de las supuestas bondades de una sociedad regida por el neoliberalismo económico.
Así, se procura desmantelar lo público para entregarlo en pedazos al sector privado, ávido de ocupar lo que considera nichos de negocio. Lamela, por ejemplo, traspasó en 2005 a una empresa privada la gestión de diversos servicios del hospital de Aranjuez (entre ellos, la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, el transporte interno, la restauración, los aparcamientos, las cafeterías, etc.) durante un período de 30 años a cambio de un canon anual de nueve millones de euros.
Curiosamente, se trata de uno de los hospitales que ahora la Comunidad de Madrid desea privatizar completamente en los próximos meses. Y la empresa adjudicataria –entonces un consorcio de constructoras que luego vendería la concesión al grupo Essentium, llamado ahora Assignia Infraestructuras- incorpora al exconsejero como miembro del Consejo de Administración, seguramente por sus dotes de gestor.
Aunque el tufo de la podredumbre ética y moral es insoportable, nadie en la política que promueve este cambio de modelo social defiende a los 80.000 madrileños que deberían ser atendidos por ese hospital, y que son tratados como simples “recursos” susceptibles de generar enormes beneficios, sino el supuesto “ahorro” que ello procuraría a la hacienda pública.
¿Cómo es posible que un bien común, como es la sanidad, sea ruinoso en manos públicas y resulte rentable en poder privado? Lamela, Güemes y tantos otros “listillos” lo saben, pero lo callan, propalando en cambio la presunta insostenibilidad de tales servicios a las arcas públicas.
No hay nada novedoso en su intención ni en la forma de llevarla a cabo. Siguen un modelo ya establecido, no sólo en otras comunidades españolas (Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, etc.), sino también en otros países y otras épocas, consistente siempre en desguazar lo público para entregarlo a la iniciativa privada. Y parten de la convicción de una pretendida eficacia de la gestión privada sobre la pública, ocultando los intereses particulares e ideológicos que les mueven.
En primer lugar, al objeto de hacer rentable la inversión necesaria para ganar la adjudicación de un hospital (el canon), se precisa negociar simultáneamente la contraprestación (el alquiler) a la que deberá comprometerse el adjudicatario (Administración pública) para concertar el uso del hospital en función de la población que atienda. Casi lo comido por lo servido le sale al sector público la privatización de una prestación, en este sentido.
Pero es que, además, el gestor privado, para lograr incrementar los beneficios, busca disminuir los gastos mediante reducciones de plantilla y rebajas salariales. Los “derechos adquiridos” de los trabajadores antes públicos quedan anulados o reducidos a la mínima expresión. De ahí que haya que hacer campaña sobre la falsa vagancia de los funcionarios y la falacia de su excesivo volumen para que su empobrecimiento e inmediato despido no despierten la simpatía del resto de los trabajadores.
Al mismo tiempo, se implantan y aumentan determinadas tarifas y se cobran atenciones y “comodidades” que anteriormente estaban incluidas en la oferta pública. Desde el utillaje de aseo hasta algunas pruebas complementarias pasan a formar parte de las nuevas fuentes de ingresos para la empresa. Sin embargo, no se exonera al usuario de seguir pagando unos impuestos que cofinancian el lucro privado; antes al contrario, se le exigen copagos farmacéuticos y repagos sanitarios.
Y si, a pesar de todo lo anterior, los resultados no cuadran y el negocio resulta ruinoso, las pérdidas se “nacionalizan”, exigiendo la correspondiente compensación al poder público o devolviendo la concesión a la Administración, como pasó en Inglaterra en los años noventa con los ferrocarriles o recientemente con los bancos en España.
Ahí reside el “truco” de la eficacia de lo privado: sus pérdidas corren a cuenta del dinero público. Incluidas las altas remuneraciones que pagan a sus voceros. ¿Encuentran ustedes las bondades de este sistema para el simple ciudadano que no especula ni con su voto? Pues yo tampoco.
Si lo desea, puede compartir este contenido: Si hace unos días fue Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, a quien se descubre que forma parte de la empresa a la que adjudicó servicios privatizados del Hospital del Tajo en Aranjuez, anteriormente había sido su compañero “político” y antecesor en el cargo, Juan José Güemes (que tuvo la decencia de dimitir en cuanto se aireó el asunto), y mañana será, con mucha probabilidad, Javier Fernández-Lasquetty, actual consejero del ramo.
Todos ellos brindan el rostro de lo que funciona como “puertas giratorias” que comunican la política con el mundo de los negocios y los intereses particulares. Pero, más allá de las personas y su deshonesta avaricia, está el modelo económico que se intenta implantar, con la excusa de la presunta ruina que amenaza a cualquier prestación pública y aprovechando que la crisis pasa por donde ellos quieran, como el Pisuerga.
No son los únicos ni los primeros, pero tampoco los últimos. Hay un denodado esfuerzo político por cambiar el modelo social y económico que, hasta hoy, había conformado lo que se denomina "Estado de Bienestar", basado en la provisión de determinados servicios públicos, considerados necesarios para la vida de la mayoría de la población y, por tanto, de interés común, cuya financiación se consigue gracias a una tributación progresiva, en la que cada cual contribuye con sus impuestos de acuerdo a su capacidad de renta.
Y esto es lo que se quiere cambiar. Lo que pertenecía a la mayoría se desea privatizar para que pertenezca a un promotor mercantil que sólo busca el beneficio, gracias a la ayuda que le presta esa política que actúa de portavoz para convencer a la ciudadanía de las supuestas bondades de una sociedad regida por el neoliberalismo económico.
Así, se procura desmantelar lo público para entregarlo en pedazos al sector privado, ávido de ocupar lo que considera nichos de negocio. Lamela, por ejemplo, traspasó en 2005 a una empresa privada la gestión de diversos servicios del hospital de Aranjuez (entre ellos, la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, el transporte interno, la restauración, los aparcamientos, las cafeterías, etc.) durante un período de 30 años a cambio de un canon anual de nueve millones de euros.
Curiosamente, se trata de uno de los hospitales que ahora la Comunidad de Madrid desea privatizar completamente en los próximos meses. Y la empresa adjudicataria –entonces un consorcio de constructoras que luego vendería la concesión al grupo Essentium, llamado ahora Assignia Infraestructuras- incorpora al exconsejero como miembro del Consejo de Administración, seguramente por sus dotes de gestor.
Aunque el tufo de la podredumbre ética y moral es insoportable, nadie en la política que promueve este cambio de modelo social defiende a los 80.000 madrileños que deberían ser atendidos por ese hospital, y que son tratados como simples “recursos” susceptibles de generar enormes beneficios, sino el supuesto “ahorro” que ello procuraría a la hacienda pública.
¿Cómo es posible que un bien común, como es la sanidad, sea ruinoso en manos públicas y resulte rentable en poder privado? Lamela, Güemes y tantos otros “listillos” lo saben, pero lo callan, propalando en cambio la presunta insostenibilidad de tales servicios a las arcas públicas.
No hay nada novedoso en su intención ni en la forma de llevarla a cabo. Siguen un modelo ya establecido, no sólo en otras comunidades españolas (Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, etc.), sino también en otros países y otras épocas, consistente siempre en desguazar lo público para entregarlo a la iniciativa privada. Y parten de la convicción de una pretendida eficacia de la gestión privada sobre la pública, ocultando los intereses particulares e ideológicos que les mueven.
En primer lugar, al objeto de hacer rentable la inversión necesaria para ganar la adjudicación de un hospital (el canon), se precisa negociar simultáneamente la contraprestación (el alquiler) a la que deberá comprometerse el adjudicatario (Administración pública) para concertar el uso del hospital en función de la población que atienda. Casi lo comido por lo servido le sale al sector público la privatización de una prestación, en este sentido.
Pero es que, además, el gestor privado, para lograr incrementar los beneficios, busca disminuir los gastos mediante reducciones de plantilla y rebajas salariales. Los “derechos adquiridos” de los trabajadores antes públicos quedan anulados o reducidos a la mínima expresión. De ahí que haya que hacer campaña sobre la falsa vagancia de los funcionarios y la falacia de su excesivo volumen para que su empobrecimiento e inmediato despido no despierten la simpatía del resto de los trabajadores.
Al mismo tiempo, se implantan y aumentan determinadas tarifas y se cobran atenciones y “comodidades” que anteriormente estaban incluidas en la oferta pública. Desde el utillaje de aseo hasta algunas pruebas complementarias pasan a formar parte de las nuevas fuentes de ingresos para la empresa. Sin embargo, no se exonera al usuario de seguir pagando unos impuestos que cofinancian el lucro privado; antes al contrario, se le exigen copagos farmacéuticos y repagos sanitarios.
Y si, a pesar de todo lo anterior, los resultados no cuadran y el negocio resulta ruinoso, las pérdidas se “nacionalizan”, exigiendo la correspondiente compensación al poder público o devolviendo la concesión a la Administración, como pasó en Inglaterra en los años noventa con los ferrocarriles o recientemente con los bancos en España.
Ahí reside el “truco” de la eficacia de lo privado: sus pérdidas corren a cuenta del dinero público. Incluidas las altas remuneraciones que pagan a sus voceros. ¿Encuentran ustedes las bondades de este sistema para el simple ciudadano que no especula ni con su voto? Pues yo tampoco.
DANIEL GUERRERO
