Hace unos días, en plena semana de contradicciones, los que negaban la dación en pago acusaban a los desahuciados de ejercer "violencia extrema" por manifestarse frente al domicilio de los defensores de los bancos. Los tachan de "radicales" por señalar públicamente la insensibilidad de unos políticos ante el drama –ese sí que es radical- de quienes son expulsados de sus casas después de ser despedidos del trabajo y de la estabilidad social.
El voto negativo de los diputados conservadores a permitir la transacción entre deudores de préstamos hipotecarios y bancos, solicitada a través de una Iniciativa Legislativa Popular, por la que el bien embargado permitiría cancelar una deuda hipotecaria, posibilitando el uso de la vivienda gracias a un alquiler social, es lo que desencadena la campaña del escrache por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Esa actitud negativa a paralizar los desahucios la consideran los manifestantes como una postura mucho más radical e inmoral que la pacífica exteriorización pública de la impotencia de los que se ven abandonados en medio de la calle.
Esa acusación de “violencia radical” no es equiparable, ni mucho menos, a la que el Partido Popular ejerce con su descomunal capacidad disuasoria, a través de amenazas mediáticas y denuncias judiciales, contra los castigados con ensañamiento por unas políticas (económicas, laborales, sociales) que empujan hacia el paro, la pobreza, la marginación y la pérdida de viviendas a miles de personas en nuestro país.
No es equiparable la acción de protesta de los desahuciados frente a las medidas con las que el Gobierno hace recaer los mayores sacrificios de la crisis precisamente entre las víctimas más vulnerables o a las capas más desfavorecidas de la población, mientras brinda toda clase de ayudas y protecciones a los privilegiados del Sistema y a los bancos y la fuerza del Capital.
Resulta un sarcasmo, cuando no un insulto, que no asuman las consecuencias del descontento social que generan sus iniciativas políticas los que votan reformas laborales que contemplan un despido prácticamente gratis para la empresa; los que legislan reducciones en las prestaciones por desempleo; los que recortan salarios y condiciones laborales; los que eliminan subvenciones en las ayudas a la dependencia; los que privatizan hospitales y niegan la atención sanitaria a los inmigrantes.
Es ridículo que se sientan acosados por simples manifestaciones reivindicativas de justicia, apoyo y solidaridad los que endurecen y encarecen el acceso a una pensión digna; los que castigan a los funcionarios y empleados públicos; los que limitan las becas, que instalan el copago en las recetas farmaceúticas y el repago en determinados servicios y prestaciones hospitalarias; los que niegan el derecho al aborto; los que desconfían y constriñen la educación pública; los que acorralan en el ostracismo a la investigación, la cultura y la ciencia; los que no están dispuestos a defender a los engañados por el fraude de las preferentes ni a las víctimas por cláusulas abusivas en las hipotecas, consideradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para estas presuntas "víctimas" del escrache, la democracia es una vía de dirección única que sólo ellos pueden recorrer con plena libertad, incluso para acusar a los manifestantes, desde la tribuna institucional de la Delegación del Gobierno, de filoterroristas cuyas prácticas asimilan a la kale borroka, sin concebir que el pueblo tiene derecho al disenso, al reproche y a la expresión de repudio del yugo que lo asfixia, lo empobrece y pretende callarlo mediante intimidación.
Si un pobre infeliz desalojado de su vivienda por un sistema que lo orilla en la exclusión social no puede siquiera señalar a los responsables de su situación y a los que se empeñan en mantenerla sin corregir sus desmanes, sin que se sienta vilipendiado y amenazado por toda la maquinaria de quien ejerce el Poder, es que en realidad no está amparado por un Estado democrático, social y de derecho, aunque formalmente así se defina. Será Estado, pero escasamente democrático, nulo en lo social y pobre en derecho, como le apetecería a los bárcenas que parasitan la política sin que reciban acusaciones de ninguna violencia.
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Esa actitud negativa a paralizar los desahucios la consideran los manifestantes como una postura mucho más radical e inmoral que la pacífica exteriorización pública de la impotencia de los que se ven abandonados en medio de la calle.
Esa acusación de “violencia radical” no es equiparable, ni mucho menos, a la que el Partido Popular ejerce con su descomunal capacidad disuasoria, a través de amenazas mediáticas y denuncias judiciales, contra los castigados con ensañamiento por unas políticas (económicas, laborales, sociales) que empujan hacia el paro, la pobreza, la marginación y la pérdida de viviendas a miles de personas en nuestro país.
No es equiparable la acción de protesta de los desahuciados frente a las medidas con las que el Gobierno hace recaer los mayores sacrificios de la crisis precisamente entre las víctimas más vulnerables o a las capas más desfavorecidas de la población, mientras brinda toda clase de ayudas y protecciones a los privilegiados del Sistema y a los bancos y la fuerza del Capital.
Resulta un sarcasmo, cuando no un insulto, que no asuman las consecuencias del descontento social que generan sus iniciativas políticas los que votan reformas laborales que contemplan un despido prácticamente gratis para la empresa; los que legislan reducciones en las prestaciones por desempleo; los que recortan salarios y condiciones laborales; los que eliminan subvenciones en las ayudas a la dependencia; los que privatizan hospitales y niegan la atención sanitaria a los inmigrantes.
Es ridículo que se sientan acosados por simples manifestaciones reivindicativas de justicia, apoyo y solidaridad los que endurecen y encarecen el acceso a una pensión digna; los que castigan a los funcionarios y empleados públicos; los que limitan las becas, que instalan el copago en las recetas farmaceúticas y el repago en determinados servicios y prestaciones hospitalarias; los que niegan el derecho al aborto; los que desconfían y constriñen la educación pública; los que acorralan en el ostracismo a la investigación, la cultura y la ciencia; los que no están dispuestos a defender a los engañados por el fraude de las preferentes ni a las víctimas por cláusulas abusivas en las hipotecas, consideradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para estas presuntas "víctimas" del escrache, la democracia es una vía de dirección única que sólo ellos pueden recorrer con plena libertad, incluso para acusar a los manifestantes, desde la tribuna institucional de la Delegación del Gobierno, de filoterroristas cuyas prácticas asimilan a la kale borroka, sin concebir que el pueblo tiene derecho al disenso, al reproche y a la expresión de repudio del yugo que lo asfixia, lo empobrece y pretende callarlo mediante intimidación.
Si un pobre infeliz desalojado de su vivienda por un sistema que lo orilla en la exclusión social no puede siquiera señalar a los responsables de su situación y a los que se empeñan en mantenerla sin corregir sus desmanes, sin que se sienta vilipendiado y amenazado por toda la maquinaria de quien ejerce el Poder, es que en realidad no está amparado por un Estado democrático, social y de derecho, aunque formalmente así se defina. Será Estado, pero escasamente democrático, nulo en lo social y pobre en derecho, como le apetecería a los bárcenas que parasitan la política sin que reciban acusaciones de ninguna violencia.
DANIEL GUERRERO
