Que Alfredo Pérez Rubalcaba y su segunda de a bordo, Elena Valenciano, se frotan las manos cada vez que Ada Colau mueve a sus huestes en busca de un político del Partido Popular a quien acosar, no me queda la menor duda, sabiendo cómo se mueve por dentro el cotarro político.
La activista de izquierdas, tan en la línea de las actitudes populistas de Sánchez Gordillo en Andalucía, pretende hacerle el caldo gordo al PSOE en lo que esta formación política tanto empeño pone, en ganar en la calle aquello que le resulta imposible conseguir en las urnas, ya sea apoyándose en movimientos como la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH), los sindicatos de clase, los inconformistas del 15-M o, en marzo de 2004, en quienes fueron movilizados a raíz del atentado de la estación de Atocha.
Porque ya me dirán ustedes la carga moral que pueda llevar en la mochila la catalana, cuando más del 80 por ciento de los desahucios que se están produciendo lo son por procesos judiciales abiertos bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, al amparo de los nuevos juzgados y los nuevos procedimientos habilitados a tal fin en aquella época, sin que en su momento moviese uno solo de sus dedos ejecutores contra los escaños socialistas, reclamando una ley que racionalizase las draconianas condiciones hipotecarias impuestas por los bancos en muchas ocasiones y que ahora ha llevado al Congreso el Gobierno del Partido Popular.
¿Que hay que evitar cierto tipo de desahucios que atentan claramente contra el derecho y la dignidad de las personas? No me cabe la menor de las dudas y ahí habrá de ser la Justicia o cualquier otro sistema interpuesto, lo suficientemente diligente para valorar de nuevo las sentencias que en este sentido se hayan producido, así como lo necesariamente sensible de cara a aquellas otras que hubieran de producirse, facilitando el que no se generen situaciones drásticas que, por serlo, podrían ser también sumamente injustas.
Lo que no se puede es intentar, en base a esta coyuntura, trastocar el orden establecido, invirtiendo los papeles y situando ahora en el plano de la inseguridad jurídica a quienes tienen la potestad –y digo bien, "potestad"- de conceder los préstamos hipotecarios, ya que o bien nacionalizamos la banca privada –de lo que estaría encantada la señora Colau, Sanchez Gordillo y vaya usted a saber si Rubalcaba y Valenciano-, o corremos el grave riesgo de inducir a aquella a la concesión de créditos con las máximas garantías de seguridad, a los que no podría acceder todo el espectro social.
Permitamos que ya que existe concienciación social sobre el problema, una vez que se ha demostrado que el PSOE en el Gobierno miró hacia otro lado a la hora de solucionarlo, sea el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy el que, en el marco legal y democráticamente establecido –esto es, en las Cortes- negocie con todas las partes una normativa adecuada que venga a poner orden en los desequilibrios ahora existentes.
Otra cosa. Coaccionar a los parlamentarios del PP para que voten en el sentido que quiera imponer una de las partes –la más radicalizada y manipulada políticamente- representa poner en práctica un tipo de golpismo de izquierdas que, tal vez, entronque con ciertas miserias que se vienen padeciendo en la América Latina, pero que no parece ajustarse al marco político y legislativo en el que se mueve Europa y en el que debe desenvolverse España dentro de aquella.
De ahí la peligrosidad del campo en el que están jugando los socialistas con sus medidos silencios o sus tibias denuncias, ya que se están convirtiendo en cómplices de un delito y en abanderados de una revuelta contra el sistema democrático, que no sé si al final le ofrecerá réditos electorales, pero que sí ahondará en la radicalización y ruptura social que ya en otros tiempos vivimos.
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Porque ya me dirán ustedes la carga moral que pueda llevar en la mochila la catalana, cuando más del 80 por ciento de los desahucios que se están produciendo lo son por procesos judiciales abiertos bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, al amparo de los nuevos juzgados y los nuevos procedimientos habilitados a tal fin en aquella época, sin que en su momento moviese uno solo de sus dedos ejecutores contra los escaños socialistas, reclamando una ley que racionalizase las draconianas condiciones hipotecarias impuestas por los bancos en muchas ocasiones y que ahora ha llevado al Congreso el Gobierno del Partido Popular.
¿Que hay que evitar cierto tipo de desahucios que atentan claramente contra el derecho y la dignidad de las personas? No me cabe la menor de las dudas y ahí habrá de ser la Justicia o cualquier otro sistema interpuesto, lo suficientemente diligente para valorar de nuevo las sentencias que en este sentido se hayan producido, así como lo necesariamente sensible de cara a aquellas otras que hubieran de producirse, facilitando el que no se generen situaciones drásticas que, por serlo, podrían ser también sumamente injustas.
Lo que no se puede es intentar, en base a esta coyuntura, trastocar el orden establecido, invirtiendo los papeles y situando ahora en el plano de la inseguridad jurídica a quienes tienen la potestad –y digo bien, "potestad"- de conceder los préstamos hipotecarios, ya que o bien nacionalizamos la banca privada –de lo que estaría encantada la señora Colau, Sanchez Gordillo y vaya usted a saber si Rubalcaba y Valenciano-, o corremos el grave riesgo de inducir a aquella a la concesión de créditos con las máximas garantías de seguridad, a los que no podría acceder todo el espectro social.
Permitamos que ya que existe concienciación social sobre el problema, una vez que se ha demostrado que el PSOE en el Gobierno miró hacia otro lado a la hora de solucionarlo, sea el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy el que, en el marco legal y democráticamente establecido –esto es, en las Cortes- negocie con todas las partes una normativa adecuada que venga a poner orden en los desequilibrios ahora existentes.
Otra cosa. Coaccionar a los parlamentarios del PP para que voten en el sentido que quiera imponer una de las partes –la más radicalizada y manipulada políticamente- representa poner en práctica un tipo de golpismo de izquierdas que, tal vez, entronque con ciertas miserias que se vienen padeciendo en la América Latina, pero que no parece ajustarse al marco político y legislativo en el que se mueve Europa y en el que debe desenvolverse España dentro de aquella.
De ahí la peligrosidad del campo en el que están jugando los socialistas con sus medidos silencios o sus tibias denuncias, ya que se están convirtiendo en cómplices de un delito y en abanderados de una revuelta contra el sistema democrático, que no sé si al final le ofrecerá réditos electorales, pero que sí ahondará en la radicalización y ruptura social que ya en otros tiempos vivimos.
ENRIQUE BELLIDO
