“La persona más temida y odiada por la derecha de este país”. Así calificaba al presidente de la Junta la presidenta del PSOE, la histórica Amparo Rubiales, en su defensa de la posible implicación procesal que José Antonio Griñán –Pepe para sus veteranos defensores- pudiera tener en el sucio y turbio –ya menos turbio, gracias a la juez Mercedes Alaya- asunto de los ERE falsos, promovidos y gestionados desde los gobiernos socialistas andaluces, a través de altos cargos de los mismos, algunos de los cuales ya cumplen prisión a espera de juicio.
Y es que como movidos por un resorte, desde la distintas sensibilidades del PSOE, unos y otros se han lanzado a la búsqueda de un micrófono, en una estrategia evidentemente diseñada al efecto, viendo que la presa –que en el caso Bárcenas habían hecho suya- perdía valor ante las dentelladas que los populares vienen dando a quien hoy es presidente federal del PSOE y hace años fue consejero y a la vez responsable de los fondos públicos que, entre otras cosas, habían de destinarse a políticas de empleo.
La verdad es que, les guste o no –seguro que no por el peligro que representa para el futuro de muchos políticos en su actual puesto de trabajo-, los casos de corrupción en ambos partidos resultan de un patetismo indignante por cuanto encierra de utilización abyecta de la democracia en beneficio de unos pocos, utilizando para ello, además, los fondos que son de todos.
Dirán unos, y lo dirá también José Antonio Griñán, que resulta imposible controlar a todos y cada uno de los sinvergüenzas que puedan moverse por el escenario político, y no dudo que sea cierto. Pero cuando el aprovechamiento personal de algunos sucede de la forma y en los niveles en los que en ambos casos se ha producido, es porque nuestro sistema de partidos e institucional presenta graves carencias de las que hay que responsabilizar a quienes están al frente de él.
¿Responsabilidad penal? Pues, en algunos casos, posiblemente sí. Dependerá del grado de implicación de los dirigentes en aquella toma de decisiones o ausencia de control legal que hayan podido guardar relación con los hechos delictivos. Será en este caso la Justicia, tan sumamente lenta en España, la que decida.
¿Responsabilidades políticas? Sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos. Lo que sucede es que en nuestro país, ese tipo de responsabilidades se dirime o bien apelando a los resultados de las urnas en futuras elecciones, o bien al estilo Vettel: diciendo "lo siento" después de incumplir las órdenes de equipo, pero acaparando los puntos de una victoria que debía haber sido de Mark Webber.
Resulta vergonzoso escuchar a unos y a otros decir aquello de “asumo la responsabilidad política” para, acto seguido, volverse a su escaño o a su cargo en la Administración, como si nada hubiese pasado, dejándonos a los ciudadanos de a pie como si fuésemos simples espantapájaros inanimados.
Y no digamos ya la implicación de otros colectivos sociales, como se apunta en el auto de los ERE andaluces, que tienen su sentido fundacional en la defensa de los intereses de los trabajadores. Me refiero a los sindicatos –en este asunto se apuntan los nombres de UGT y CC.OO- y que, muy al contrario, parece ser que negociaban ilegalmente el reparto de fondos sociales, interponiendo comisiones monetarias que, evidentemente, se detraían de aquello que debería ir destinado a quienes presuntamente representaban.
Todo ello nos lleva a no creer en nada más allá de lo que sean las propias convicciones –muchas de ellas seguro que también erróneas, en función de cómo hayan tomado personalidad-, algo que representa un brutal fracaso de nuestra organización social y del propio hombre como tal, lo que puede que no sorprenda a casi nadie si atendemos a la Historia.
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La verdad es que, les guste o no –seguro que no por el peligro que representa para el futuro de muchos políticos en su actual puesto de trabajo-, los casos de corrupción en ambos partidos resultan de un patetismo indignante por cuanto encierra de utilización abyecta de la democracia en beneficio de unos pocos, utilizando para ello, además, los fondos que son de todos.
Dirán unos, y lo dirá también José Antonio Griñán, que resulta imposible controlar a todos y cada uno de los sinvergüenzas que puedan moverse por el escenario político, y no dudo que sea cierto. Pero cuando el aprovechamiento personal de algunos sucede de la forma y en los niveles en los que en ambos casos se ha producido, es porque nuestro sistema de partidos e institucional presenta graves carencias de las que hay que responsabilizar a quienes están al frente de él.
¿Responsabilidad penal? Pues, en algunos casos, posiblemente sí. Dependerá del grado de implicación de los dirigentes en aquella toma de decisiones o ausencia de control legal que hayan podido guardar relación con los hechos delictivos. Será en este caso la Justicia, tan sumamente lenta en España, la que decida.
¿Responsabilidades políticas? Sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos. Lo que sucede es que en nuestro país, ese tipo de responsabilidades se dirime o bien apelando a los resultados de las urnas en futuras elecciones, o bien al estilo Vettel: diciendo "lo siento" después de incumplir las órdenes de equipo, pero acaparando los puntos de una victoria que debía haber sido de Mark Webber.
Resulta vergonzoso escuchar a unos y a otros decir aquello de “asumo la responsabilidad política” para, acto seguido, volverse a su escaño o a su cargo en la Administración, como si nada hubiese pasado, dejándonos a los ciudadanos de a pie como si fuésemos simples espantapájaros inanimados.
Y no digamos ya la implicación de otros colectivos sociales, como se apunta en el auto de los ERE andaluces, que tienen su sentido fundacional en la defensa de los intereses de los trabajadores. Me refiero a los sindicatos –en este asunto se apuntan los nombres de UGT y CC.OO- y que, muy al contrario, parece ser que negociaban ilegalmente el reparto de fondos sociales, interponiendo comisiones monetarias que, evidentemente, se detraían de aquello que debería ir destinado a quienes presuntamente representaban.
Todo ello nos lleva a no creer en nada más allá de lo que sean las propias convicciones –muchas de ellas seguro que también erróneas, en función de cómo hayan tomado personalidad-, algo que representa un brutal fracaso de nuestra organización social y del propio hombre como tal, lo que puede que no sorprenda a casi nadie si atendemos a la Historia.
ENRIQUE BELLIDO
