¿Pero tenemos autonomía o no? ¿De verdad Andalucía es una comunidad autónoma con un Gobierno también autónomo? ¿Qué significa "autonomía" para nuestros dirigentes? Esas y cientos de preguntas más nos formulamos quienes atendemos con preocupación a las cifras de desempleo que, mensualmente, nos ofrece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pormenorizadas por provincias.
Y es que siendo el Gobierno central el encargado de hacer oficiales dichos datos, corresponde a cada autonomía y a los distintos niveles institucionales de Gobierno –el provincial y el municipal también- la responsabilidad última en la generación de los mismos, en función de las capacidades y responsabilidades que constitucional y legalmente tienen establecidas.
De ahí que el incremento o la disminución del paro, la creación o destrucción de empleo, vayan directamente unidas a la capacidad de los gobiernos autonómicos, provinciales y municipales para dinamizar las estructuras productivas de su circunscripción.
Por ello que llene de perplejidad el que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras reconocer como "malo" el dato del paro en nuestra comunidad, apele a seguir los consejos de Pérez Rubalcaba en el sentido de establecer un gran pacto nacional por el empleo, intentando con ello descargar responsabilidades en el Gobierno de Rajoy, como si aquí no tuviésemos un consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que se llama Antonio Ávila Cano, o un Servicio Andaluz de Empleo, desde el que se plantean objetivos tan deseados como incumplidos.
Y es que, una vez más, Andalucía ha visto incrementar en febrero el número de parados con respecto a enero muy por encima de la media nacional, convirtiéndose, nuevamente, en la comunidad que más ha visto crecer esta cifra, en una expresión rotunda del fracaso de la gestión del Gobierno del PSOE y, no lo ocultemos tampoco, del fracaso en la gestión del empleo de muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales que, además, llevaron en sus programas electorales este reto como primordial.
¿Es Andalucía una comunidad maldita o la hacen maldita quienes la gobiernan? Algo de lo segundo debe haber cuando, a pesar de sus potencialidades –también humanas-, nuestra región se ha mostrado incapaz, a lo largo de los treinta últimos años de democracia, de abandonar los vagones de cola de la economía y el desarrollo español, lastrada siempre por la ausencia de un modelo de economía sostenible, menos expuesto a las influencias de fenómenos adversos como el que desde 2007 estamos viviendo.
Muy al contrario, los gobiernos andaluces han primado a la economía subsidiada, la basada en el peso del sector servicios y aquella otra que generase ingresos fáciles con los que financiar aquellos –fundamentalmente la economía urbanística, tan esperpéntica en muchos casos como quebradiza-, frente a la economía de largo recorrido, infinitamente menos explosiva pero claramente más enriquecedora.
Sucede que, en una situación como la que vivimos, resulta del todo imposible obtener agua del pozo en el que ni siquiera se ha profundizado, obteniendo, a medida que la sequía sigue siendo mayor unas superiores cifras de deshidratados en forma de parados, con respecto a regiones mucho más previsoras que la nuestra.
Apelar al Pacto por el Empleo, manteniendo idénticos principios, no representa sino una huida hacia delante que dudo yo que el resto de España esté dispuesta a compartir con nosotros. Mucho tienen que cambiar las cosas en Andalucía y un giro importante ha de darse en las políticas del Gobierno de la Junta para ver mejorar sustancialmente nuestro papel y nuestra participación en el marco español y europeo. Y ello dudo que pueda venir de la mano de quienes durante treinta años han practicado lo contrario.
No somos, indudablemente, la Andalucía de los cincuenta, pero seguimos manteniendo déficits estructurales que nos hacen sufrir más que a otras comunidades los embates de esta crisis. Es cierto que tenemos un sistema sanitario público equiparable al del resto de España; es verdad que la Universidad ha llegado a todas las provincias andaluzas como ha sucedido en el resto de las españolas. Y no es menos cierto que el sistema de protección social puede compararse con el existente en otras regiones de nuestro país.
Pero siendo ello así, no lo es menos que Andalucía muestra en mayor medida su debilidad para autofinanciar sus servicios y ello, habiendo contado, como lo ha hecho, con la importantísima ayuda de fondos europeos que han financiado en gran medida la obra pública y la economía agraria. A partir de ahí no vale echar balones fuera sino intentar detener todos los que a la portería del Gobierno andaluz van llegando. Y el del paro se le está colando, mes a mes, por toda la escuadra.
Si lo desea, puede compartir este contenido:Y es que siendo el Gobierno central el encargado de hacer oficiales dichos datos, corresponde a cada autonomía y a los distintos niveles institucionales de Gobierno –el provincial y el municipal también- la responsabilidad última en la generación de los mismos, en función de las capacidades y responsabilidades que constitucional y legalmente tienen establecidas.
De ahí que el incremento o la disminución del paro, la creación o destrucción de empleo, vayan directamente unidas a la capacidad de los gobiernos autonómicos, provinciales y municipales para dinamizar las estructuras productivas de su circunscripción.
Por ello que llene de perplejidad el que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras reconocer como "malo" el dato del paro en nuestra comunidad, apele a seguir los consejos de Pérez Rubalcaba en el sentido de establecer un gran pacto nacional por el empleo, intentando con ello descargar responsabilidades en el Gobierno de Rajoy, como si aquí no tuviésemos un consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que se llama Antonio Ávila Cano, o un Servicio Andaluz de Empleo, desde el que se plantean objetivos tan deseados como incumplidos.
Y es que, una vez más, Andalucía ha visto incrementar en febrero el número de parados con respecto a enero muy por encima de la media nacional, convirtiéndose, nuevamente, en la comunidad que más ha visto crecer esta cifra, en una expresión rotunda del fracaso de la gestión del Gobierno del PSOE y, no lo ocultemos tampoco, del fracaso en la gestión del empleo de muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales que, además, llevaron en sus programas electorales este reto como primordial.
¿Es Andalucía una comunidad maldita o la hacen maldita quienes la gobiernan? Algo de lo segundo debe haber cuando, a pesar de sus potencialidades –también humanas-, nuestra región se ha mostrado incapaz, a lo largo de los treinta últimos años de democracia, de abandonar los vagones de cola de la economía y el desarrollo español, lastrada siempre por la ausencia de un modelo de economía sostenible, menos expuesto a las influencias de fenómenos adversos como el que desde 2007 estamos viviendo.
Muy al contrario, los gobiernos andaluces han primado a la economía subsidiada, la basada en el peso del sector servicios y aquella otra que generase ingresos fáciles con los que financiar aquellos –fundamentalmente la economía urbanística, tan esperpéntica en muchos casos como quebradiza-, frente a la economía de largo recorrido, infinitamente menos explosiva pero claramente más enriquecedora.
Sucede que, en una situación como la que vivimos, resulta del todo imposible obtener agua del pozo en el que ni siquiera se ha profundizado, obteniendo, a medida que la sequía sigue siendo mayor unas superiores cifras de deshidratados en forma de parados, con respecto a regiones mucho más previsoras que la nuestra.
Apelar al Pacto por el Empleo, manteniendo idénticos principios, no representa sino una huida hacia delante que dudo yo que el resto de España esté dispuesta a compartir con nosotros. Mucho tienen que cambiar las cosas en Andalucía y un giro importante ha de darse en las políticas del Gobierno de la Junta para ver mejorar sustancialmente nuestro papel y nuestra participación en el marco español y europeo. Y ello dudo que pueda venir de la mano de quienes durante treinta años han practicado lo contrario.
No somos, indudablemente, la Andalucía de los cincuenta, pero seguimos manteniendo déficits estructurales que nos hacen sufrir más que a otras comunidades los embates de esta crisis. Es cierto que tenemos un sistema sanitario público equiparable al del resto de España; es verdad que la Universidad ha llegado a todas las provincias andaluzas como ha sucedido en el resto de las españolas. Y no es menos cierto que el sistema de protección social puede compararse con el existente en otras regiones de nuestro país.
Pero siendo ello así, no lo es menos que Andalucía muestra en mayor medida su debilidad para autofinanciar sus servicios y ello, habiendo contado, como lo ha hecho, con la importantísima ayuda de fondos europeos que han financiado en gran medida la obra pública y la economía agraria. A partir de ahí no vale echar balones fuera sino intentar detener todos los que a la portería del Gobierno andaluz van llegando. Y el del paro se le está colando, mes a mes, por toda la escuadra.
ENRIQUE BELLIDO
