Tanto el Sindicato Médico como el sindicato de enfermería Satse han denunciado la posibilidad de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deje de abonar a los profesionales el complemento de productividad que iba unido al cumplimiento de una serie de objetivos durante el año 2012. Todo podría ocurrir a la hora de no abonar sueldos ni complementos si, simplemente, miramos de reojo los decretos y medidas que en los últimos años se han venido tomando y que han supuesto, en algunos casos, pérdidas del poder adquisitivo de los salarios en casi un 50 por ciento.
Entiendo que, en momentos como este, defender el sueldo de los funcionarios no es tarea fácil ni popular, pero tampoco es sencillo dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, diseñar con precisión y seguridad un viaducto en una autovía, llevar a cabo una correcta inspección de Hacienda o sacar a un enfermo de una parada cardíaca en un servicio de Urgencias de un hospital público.
Es por eso que defiendo, sin sonrojarme en absoluto, la dignidad del salario de los profesionales funcionarios, sin que ello me ciegue a no admitir que entre tantos miles de ellos los hay que no cumplen sus funciones como es debido.
De ahí que al margen de los ajustes globales que, con motivo de la crisis, se han producido en los salarios de los trabajadores públicos, al margen de los nuevos modelos de contratación que se vienen aplicando a los nuevos contratados –con reducciones del 25 por ciento de la jornada laboral y, consecuentemente, del salario- no puedo mostrarme conforme con que un concepto como la productividad, pactado entre Administración y trabajadores, pueda usurparse –robarse, en términos más coloquiales- a los profesionales, en este caso de la Sanidad pública andaluza, en base a no se qué espurias intenciones.
Y es que siendo bajo el salario base de los profesionales sanitarios –digo bien, bajo- el ir retirándole complementos lleva el sueldo a niveles de indignidad –digo bien también, indignidad- que repercute, cómo no, en la economía de aquellos y, de forma muy directa, en el grado de satisfacción con el que afrontan diariamente su actividad.
Por ello que, dado que a la actividad considerada como habitual o normal se le suma otra extraordinaria, que se pacta en unos objetivos y que se acuerda compensar mediante unas determinadas cantidades, incumplir lo pactado por parte de la Administración sanitaria andaluza representaría –digo "representaría"- una traición que vendría a enrarecer aún más el clima que se vive en nuestros centros sanitarios y que aún es soportable gracias a la profesionalidad de la mayoría de los trabajadores.
Otra cosa bien distinta sería cuestionarnos cómo se lleva a cabo el reparto de dicha productividad. Por supuesto, si ese reparto se realiza de forma lineal entre todos los profesionales, teniendo en cuenta las distintas categorías, se estaría cometiendo un tremendo error que dejaría sin sentido el propio fundamento del complemento.
Y tengo la sensación de que en muchos servicios ello se hace así, con mínimas diferencias entre los integrantes, no sé si porque los responsables de las unidades prefieren no meterse en camisas de once varas y no indisponerse con nadie o, simplemente, porque no se fijan como es debido unos criterios justos que aplicar a aquellos factores variables en los que se basa la percepción, en una u otra cantidad, del complemento.
No quiero ni valorar la posibilidad de la existencia de tratos de favor en el reparto. Del mismo modo que la propia Administración establece unos criterios –que por rígidos son injustos- a la hora de aplicar ciertos baremos para la distribución de las cantidades asignadas a cada trabajador.
En cualquier caso, y dirigido a quienes ante noticias como ésta se frotan las manos viendo cómo la soga se aprieta cada vez más alrededor del cuello del funcionario, decirles que o aceptamos la realidad de la función pública, con una Sanidad, una Justicia, una Educación, una Hacienda, una Administración y unos servicios de calidad, en relación directa a la dignidad que como trabajadores merecen los funcionarios, o no podremos oponernos a procesos de privatización y deterioro de lo público ligados al linchamiento al que a veces se somete al trabajador.
Entiendo que, en momentos como este, defender el sueldo de los funcionarios no es tarea fácil ni popular, pero tampoco es sencillo dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, diseñar con precisión y seguridad un viaducto en una autovía, llevar a cabo una correcta inspección de Hacienda o sacar a un enfermo de una parada cardíaca en un servicio de Urgencias de un hospital público.
Es por eso que defiendo, sin sonrojarme en absoluto, la dignidad del salario de los profesionales funcionarios, sin que ello me ciegue a no admitir que entre tantos miles de ellos los hay que no cumplen sus funciones como es debido.
De ahí que al margen de los ajustes globales que, con motivo de la crisis, se han producido en los salarios de los trabajadores públicos, al margen de los nuevos modelos de contratación que se vienen aplicando a los nuevos contratados –con reducciones del 25 por ciento de la jornada laboral y, consecuentemente, del salario- no puedo mostrarme conforme con que un concepto como la productividad, pactado entre Administración y trabajadores, pueda usurparse –robarse, en términos más coloquiales- a los profesionales, en este caso de la Sanidad pública andaluza, en base a no se qué espurias intenciones.
Y es que siendo bajo el salario base de los profesionales sanitarios –digo bien, bajo- el ir retirándole complementos lleva el sueldo a niveles de indignidad –digo bien también, indignidad- que repercute, cómo no, en la economía de aquellos y, de forma muy directa, en el grado de satisfacción con el que afrontan diariamente su actividad.
Por ello que, dado que a la actividad considerada como habitual o normal se le suma otra extraordinaria, que se pacta en unos objetivos y que se acuerda compensar mediante unas determinadas cantidades, incumplir lo pactado por parte de la Administración sanitaria andaluza representaría –digo "representaría"- una traición que vendría a enrarecer aún más el clima que se vive en nuestros centros sanitarios y que aún es soportable gracias a la profesionalidad de la mayoría de los trabajadores.
Otra cosa bien distinta sería cuestionarnos cómo se lleva a cabo el reparto de dicha productividad. Por supuesto, si ese reparto se realiza de forma lineal entre todos los profesionales, teniendo en cuenta las distintas categorías, se estaría cometiendo un tremendo error que dejaría sin sentido el propio fundamento del complemento.
Y tengo la sensación de que en muchos servicios ello se hace así, con mínimas diferencias entre los integrantes, no sé si porque los responsables de las unidades prefieren no meterse en camisas de once varas y no indisponerse con nadie o, simplemente, porque no se fijan como es debido unos criterios justos que aplicar a aquellos factores variables en los que se basa la percepción, en una u otra cantidad, del complemento.
No quiero ni valorar la posibilidad de la existencia de tratos de favor en el reparto. Del mismo modo que la propia Administración establece unos criterios –que por rígidos son injustos- a la hora de aplicar ciertos baremos para la distribución de las cantidades asignadas a cada trabajador.
En cualquier caso, y dirigido a quienes ante noticias como ésta se frotan las manos viendo cómo la soga se aprieta cada vez más alrededor del cuello del funcionario, decirles que o aceptamos la realidad de la función pública, con una Sanidad, una Justicia, una Educación, una Hacienda, una Administración y unos servicios de calidad, en relación directa a la dignidad que como trabajadores merecen los funcionarios, o no podremos oponernos a procesos de privatización y deterioro de lo público ligados al linchamiento al que a veces se somete al trabajador.
ENRIQUE BELLIDO
