Recientemente ratificado como coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara visitó ayer Andalucía para participar en la entrega de carnés de militantes del Partido Comunista de Andalucía (PCA). Un acto que sirvió a Dos Hermanas Diario Digital para abordar con el líder de la coalición de izquierdas algunas cuestiones de actualidad nacional.
Nacido en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), Cayo Lara fue, en su condición de agricultor, uno de los impulsores del sindicato COAG y alcalde de su ciudad natal entre 1987 y 1999. Entre el año 2000 y 2008 fue coordinador general de IU de Castilla-La Mancha, destacando por su lucha en defensa de una Ley Electoral más democrática y contra la especulación urbanística. Actualmente es diputado por Madrid del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya y la Chunta Aragonesista: la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, de la que es su portavoz.
—Tras la presunta corrupción que afecta al Partido Popular (PP) le hemos oído pedir la dimisión de Mariano Rajoy, así como la convocatoria de elecciones anticipadas y trasladar al Debate sobre el Estado de la Nación una resolución de reprobación al Gobierno. ¿Qué expectativas tiene de que se vaya a llevar a cabo su solicitud?
—Por lo pronto, Rajoy ha salido y lo ha negado todo. Yo creo que se ha metido en un buen charco porque si algo de todo lo que ha negado acaba siendo verdad, automáticamente estará obligado a dimitir, ya que habría mentido a todos los españoles.
Nosotros creemos que el de Bárcenas es un caso en el que hay una supuesta financiación irregular de un partido político. Ahora, lo que ocurre es que el escándalo ha aparecido con más virulencia porque ha aparecido una cuenta en Suiza con 22 millones de euros y sobres recibidos, supuestamente, por altos dirigentes del Partido Popular mientras Rajoy era presidente del partido en esos años. Por tanto, si eso es cierto, Rajoy tiene una responsabilidad política.
Todo esto es muy grave. Estamos hablando de la supuesta financiación irregular de un partido político gracias a las concesiones que, supuestamente, se han hecho a empresas donantes que podrían haber recibido prebendas del Estado, desde el punto de vista de la Administración Pública, en concesiones de servicios o de obras.
Por todo ello, y si se prueba que algo de eso es verdad, Rajoy está obligado a presentar la dimisión y convocar elecciones anticipadas porque, además, ha perdido una parte fundamental de su legitimidad aplicando unas políticas contrarias a las que presentó a los ciudadanos en la campaña electoral.
Le hemos pedido que convoque un pleno extraordinario y urgente para hablar de corrupción y sentar las bases para que el Estado evite, en la medida de lo posible, que aparezcan focos de corrupción. Hemos presentado una Proposición de Ley y otra No de Ley al Parlamento en las que están contenidas las propuestas concretas para combatir la corrupción. Todo eso queremos que se hable en un debate monográfico sobre corrupción que, hasta ahora, Rajoy ha negado. Hemos pedido una comisión de investigación en el Parlamento y, de momento, tampoco ha sido aceptada.
—En el caso de que se aceptara esa comisión de investigación, y después de la que se ha llevado a cabo en Andalucía sobre el caso de los ERE irregulares, ¿no cree usted que el ciudadano seguiría teniendo la sensación de no saber si, realmente, esa comisión servirá para algo?
—La comisión de los ERE ha puesto de manifiesto responsabilidades políticas de altos dirigentes del PSOE. Otra cosa es que el PP y el PSOE en Andalucía –unos por unas razones y otros por otras- han quitado más de cien párrafos de las conclusiones finales que aparecían en el documento de la comisión de investigación. Ésta tiene la función de llegar a unas conclusiones que se hacen llegar al Gobierno; éste las mira y, si en ellas hay temas supuestamente delictivos, automáticamente pasan a los tribunales para su resolución. Eso es lo que esperamos.
En el caso Bárcenas, el PP no tiene por qué tener ningún miedo a que haya una comisión de investigación donde se llame a todo el mundo a declarar y donde se pida toda la documentación que haya que pedir. Si no tienen nada que ocultar, no deberían obstaculizar una comisión de esas características.
Creo que la gravedad y la situación de alarma y escándalo social que se ha creado con lo que se ha publicado en los medios de comunicación es más que suficiente como para que esa comisión de investigación se pudiera constituir. El PP la debería aceptar.
—Da la sensación de que la crisis esté destapando supuestos casos de corrupción a todos los niveles y por diferentes actores. Y hay gente que afirma que “no hay mal que por bien no venga”. ¿Está de acuerdo con esa apreciación?
—No, al contrario. La corrupción lo que hace que es que degrada la democracia y la que estamos viendo en estos momentos no es exactamente de ahora, sino del periodo de la burbuja inmobiliaria. La corrupción de la supuesta financiación irregular de partidos políticos es una corrupción sistémica. Si un político se corrompe, hay una empresa que saca beneficios de esa corrupción porque se sacan concesiones determinadas y, por tanto, da lugar a una corrupción del sistema. Por eso hay que acabar con el fondo del problema que, repito, en una parte importante está en la propia financiación de los partidos políticos.
—¿Hay Justicia en España?
—Nosotros creemos que la Justicia, en los temas que tienen que ver con la alta delincuencia, es lenta. Hay casos que llevan diez o doce años y no se han resuelto todavía porque no se ha tenido voluntad política de incrementar recursos para que la Justicia sea eficaz.
Entre las propuestas que nosotros venimos haciendo se encuentra la de dotar de medios suficientes a la Justicia y que los casos de corrupción que tienen que ver con la política y con empresas sean vistos de manera urgente por los tribunales: que no se mueran, porque eso significa una degradación de la democracia y una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones y en la política. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país
—En las encuestas de intención de voto, IU sale mejor parada que en épocas anteriores. ¿Es IU la que gana confianza o son PP y PSOE los que la están perdiendo?
—Aquí hay dos cosas: el PP, por el propio desastre político que está haciendo en su gestión, está perdiendo la confianza de los ciudadanos. El PSOE tiene un pasado muy reciente en el que ha realizado unas políticas neoliberales, contrarias a los intereses de la mayoría social y está pagando todavía la factura de ese tema, por eso no despega y está atrancado en un porcentaje muy bajo desde el punto de vista de la confianza electoral.
En IU estamos subiendo no sólo porque ellos puedan perder confianza, sino porque tenemos una propuesta alternativa que cada vez más gente va haciendo suya. Eso es lo que está propiciando que tengamos una tendencia de crecimiento y que, ahora mismo, los porcentajes dupliquen al que obtuvimos en las últimas elecciones.
—¿No le preocupa que la abstención siga también en aumento?
—La abstención es hija de la corrupción de alguna manera. Pero lo último que tienen que hacer los ciudadanos es desafectarse de la política y no votar. Porque una persona que no vota es un voto para el poder económico y para mantener el sistema de políticas neoliberales. Eso lo que tiene que tener la gente en la cabeza y no perder de vista.
Nacido en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), Cayo Lara fue, en su condición de agricultor, uno de los impulsores del sindicato COAG y alcalde de su ciudad natal entre 1987 y 1999. Entre el año 2000 y 2008 fue coordinador general de IU de Castilla-La Mancha, destacando por su lucha en defensa de una Ley Electoral más democrática y contra la especulación urbanística. Actualmente es diputado por Madrid del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya y la Chunta Aragonesista: la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, de la que es su portavoz.
—Tras la presunta corrupción que afecta al Partido Popular (PP) le hemos oído pedir la dimisión de Mariano Rajoy, así como la convocatoria de elecciones anticipadas y trasladar al Debate sobre el Estado de la Nación una resolución de reprobación al Gobierno. ¿Qué expectativas tiene de que se vaya a llevar a cabo su solicitud?
—Por lo pronto, Rajoy ha salido y lo ha negado todo. Yo creo que se ha metido en un buen charco porque si algo de todo lo que ha negado acaba siendo verdad, automáticamente estará obligado a dimitir, ya que habría mentido a todos los españoles.
Nosotros creemos que el de Bárcenas es un caso en el que hay una supuesta financiación irregular de un partido político. Ahora, lo que ocurre es que el escándalo ha aparecido con más virulencia porque ha aparecido una cuenta en Suiza con 22 millones de euros y sobres recibidos, supuestamente, por altos dirigentes del Partido Popular mientras Rajoy era presidente del partido en esos años. Por tanto, si eso es cierto, Rajoy tiene una responsabilidad política.
Todo esto es muy grave. Estamos hablando de la supuesta financiación irregular de un partido político gracias a las concesiones que, supuestamente, se han hecho a empresas donantes que podrían haber recibido prebendas del Estado, desde el punto de vista de la Administración Pública, en concesiones de servicios o de obras.
Por todo ello, y si se prueba que algo de eso es verdad, Rajoy está obligado a presentar la dimisión y convocar elecciones anticipadas porque, además, ha perdido una parte fundamental de su legitimidad aplicando unas políticas contrarias a las que presentó a los ciudadanos en la campaña electoral.
Le hemos pedido que convoque un pleno extraordinario y urgente para hablar de corrupción y sentar las bases para que el Estado evite, en la medida de lo posible, que aparezcan focos de corrupción. Hemos presentado una Proposición de Ley y otra No de Ley al Parlamento en las que están contenidas las propuestas concretas para combatir la corrupción. Todo eso queremos que se hable en un debate monográfico sobre corrupción que, hasta ahora, Rajoy ha negado. Hemos pedido una comisión de investigación en el Parlamento y, de momento, tampoco ha sido aceptada.
—En el caso de que se aceptara esa comisión de investigación, y después de la que se ha llevado a cabo en Andalucía sobre el caso de los ERE irregulares, ¿no cree usted que el ciudadano seguiría teniendo la sensación de no saber si, realmente, esa comisión servirá para algo?
—La comisión de los ERE ha puesto de manifiesto responsabilidades políticas de altos dirigentes del PSOE. Otra cosa es que el PP y el PSOE en Andalucía –unos por unas razones y otros por otras- han quitado más de cien párrafos de las conclusiones finales que aparecían en el documento de la comisión de investigación. Ésta tiene la función de llegar a unas conclusiones que se hacen llegar al Gobierno; éste las mira y, si en ellas hay temas supuestamente delictivos, automáticamente pasan a los tribunales para su resolución. Eso es lo que esperamos.
En el caso Bárcenas, el PP no tiene por qué tener ningún miedo a que haya una comisión de investigación donde se llame a todo el mundo a declarar y donde se pida toda la documentación que haya que pedir. Si no tienen nada que ocultar, no deberían obstaculizar una comisión de esas características.
Creo que la gravedad y la situación de alarma y escándalo social que se ha creado con lo que se ha publicado en los medios de comunicación es más que suficiente como para que esa comisión de investigación se pudiera constituir. El PP la debería aceptar.
—Da la sensación de que la crisis esté destapando supuestos casos de corrupción a todos los niveles y por diferentes actores. Y hay gente que afirma que “no hay mal que por bien no venga”. ¿Está de acuerdo con esa apreciación?
—No, al contrario. La corrupción lo que hace que es que degrada la democracia y la que estamos viendo en estos momentos no es exactamente de ahora, sino del periodo de la burbuja inmobiliaria. La corrupción de la supuesta financiación irregular de partidos políticos es una corrupción sistémica. Si un político se corrompe, hay una empresa que saca beneficios de esa corrupción porque se sacan concesiones determinadas y, por tanto, da lugar a una corrupción del sistema. Por eso hay que acabar con el fondo del problema que, repito, en una parte importante está en la propia financiación de los partidos políticos.
—¿Hay Justicia en España?
—Nosotros creemos que la Justicia, en los temas que tienen que ver con la alta delincuencia, es lenta. Hay casos que llevan diez o doce años y no se han resuelto todavía porque no se ha tenido voluntad política de incrementar recursos para que la Justicia sea eficaz.
Entre las propuestas que nosotros venimos haciendo se encuentra la de dotar de medios suficientes a la Justicia y que los casos de corrupción que tienen que ver con la política y con empresas sean vistos de manera urgente por los tribunales: que no se mueran, porque eso significa una degradación de la democracia y una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones y en la política. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país
—En las encuestas de intención de voto, IU sale mejor parada que en épocas anteriores. ¿Es IU la que gana confianza o son PP y PSOE los que la están perdiendo?
—Aquí hay dos cosas: el PP, por el propio desastre político que está haciendo en su gestión, está perdiendo la confianza de los ciudadanos. El PSOE tiene un pasado muy reciente en el que ha realizado unas políticas neoliberales, contrarias a los intereses de la mayoría social y está pagando todavía la factura de ese tema, por eso no despega y está atrancado en un porcentaje muy bajo desde el punto de vista de la confianza electoral.
En IU estamos subiendo no sólo porque ellos puedan perder confianza, sino porque tenemos una propuesta alternativa que cada vez más gente va haciendo suya. Eso es lo que está propiciando que tengamos una tendencia de crecimiento y que, ahora mismo, los porcentajes dupliquen al que obtuvimos en las últimas elecciones.
—¿No le preocupa que la abstención siga también en aumento?
—La abstención es hija de la corrupción de alguna manera. Pero lo último que tienen que hacer los ciudadanos es desafectarse de la política y no votar. Porque una persona que no vota es un voto para el poder económico y para mantener el sistema de políticas neoliberales. Eso lo que tiene que tener la gente en la cabeza y no perder de vista.
JOSÉ GÁLVEZ / REDACCIÓN
