Con excusas diversas, se están produciendo cambios en la forma en que basábamos nuestra convivencia en España, a tal velocidad y de tanto calado, que apenas somos capaces a reaccionar y de ser conscientes de sus consecuencias en la mayoría de la población.
De pocos años a esta parte, las transformaciones que se presentan como ineludibles desde criterios de eficiencia mercantil están suprimiendo conquistas sociales y derechos individuales que presumíamos inviolables por estar consagrados en la propia Constitución, aquella con la que pensábamos que España se constituía en un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Sin embargo, basta prestar atención a lo que acontece en la actualidad para poner en duda que sean esos valores constitucionales los que guían el sentido de unas decisiones que están dándole la vuelta a nuestro modo de vida. He aquí algunos ejemplos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que intervenir para evitar que una pareja con dos hijos pequeños, tras agotar todas las instancias judiciales nacionales, fuera desalojada de una vivienda que ocupó por extrema necesidad de forma ilegal.
Si el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, ¿por qué se ha tenido que acudir a instancias supranacionales para que se imparta justicia en España? ¿Acaso hay que llegar a actos de ciega desesperación para que lo “social”, que debería caracterizar a nuestro Estado, sea atendido por el Gobierno antes que lo “económico”?
Ya son varios los suicidios protagonizados en diversas ciudades españolas por personas desesperadas que iban a ser desahuciadas por impagos de sus hipotecas. Incluso una pensionista de 74 años se ha visto obligada a encerrarse en una sucursal del banco BBVA de Guadalajara para forzar una negociación con la entidad que evitase su desahucio. La anciana había presentado su vivienda como aval para la hipoteca de un piso que solicitó su hijo, también pensionista por minusvalía, y que había dejado de pagarla tras perder el empleo.
En Alcalá de Henares, una alumna que iba a matricularse en septiembre para el segundo curso intermedio de Inglés no ha podido cumplir su sueño. La tasa de matrícula había subido de 120 a 250 euros, más 19 de gastos. Y eso sin repetir, pues en tal caso la tasa se elevaría a 299 euros. Su familia no podía costear tales gastos y tuvo que renunciar a continuar sus estudios.
La “solución” de las becas universitarias tampoco se presenta factible puesto que, a partir de este curso, se exigirá una nota media de 6,5 y aprobar la totalidad de las asignaturas para poder conseguirla. Ser pobre y del “montón” te condena a convertirte en mano de obra barata, sustituible sin apenas “costo” por despido.
Trabajadores y sindicatos protestan en Valencia ante la Consejería de Bienestar Social por la asfixia económica a la que someten a centros y programas de atención a menores, familias y jóvenes en situaciones de maltrato, desahucios y otros casos de exclusión social, y que eran gestionados por entidades sin ánimo de lucro en aquella Comunidad. Circunstancias semejantes que dejan de ser paliadas y que empujan a un albañil de 57 años, en paro, que intentaba “arreglarse” con las miserias que obtenía como gorrilla en un solar de Málaga, a prenderse fuego porque ya “no tenía ni para comer”.
Menos dramático, pero sin comer, están más de 6.500 niños de cerca de un centenar de colegios de Cádiz, Huelva y Sevilla a causa de la huelga de transportistas de una empresa que abastecía de alimentos a los comedores escolares de estas provincias, por impagos de la Junta de Andalucía.
Las guarderías de la región también habían advertido el pasado verano de que se verían obligadas a cobrar directamente a los padres el coste de sus servicios ante los atrasos en las subvenciones acordadas con la Administración comunitaria.
Los médicos de Madrid dimiten en masa de sus cargos directivos para disuadir al Gobierno de la región de sus planes para la privatización de hospitales y centros de salud. La marea blanca de protestas no frena, sin embargo, una iniciativa en la que no se desglosa ningún detalle ni estudio que evidencie la supuesta “mejora” para la sanidad y el “ahorro” para las arcas públicas que represente una gestión privada frente a la pública.
Mientras tanto, se retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, se exige el pago de un euro por receta a los usuarios y se impone el copago en las medicinas a los pensionistas que estaban exentos. Además, se suprimen determinadas prestaciones de la cartera de servicios y el aborto vuelve a estar restringido a supuestos que limitan este derecho de la mujer.
Todas estas medidas –y otras muchas- hunden la capacidad de las familias para el ahorro y abocan al paro y al empobrecimiento general de una sociedad española paralizada de espanto. Según Eurostat, la cifra de desempleados alcanza ya los 6 millones de personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 26,6 por ciento, el doble de la media en la Zona Euro.
Mientras estas transformaciones van moldeando una nueva sociedad, los casos de corrupción se multiplican y afectan incluso a la Familia Real. Más de 300 cargos imputados, repartidos en cinco autonomías fundamentalmente (Baleares, Valencia, Cataluña, Galicia y Andalucía) y que afecta a los partidos mayoritarios, dan muestra del desvalijamiento que los políticos más inmorales y desvergonzados hacen del dinero público. Un dinero que falta para prestar los servicios básicos que demanda la sociedad, pero que corre a raudales para el enriquecimiento de unos pocos o para favorecer a los poderosos.
Si este es el modelo de sociedad que queremos, creo que nos hemos equivocado. España ha dejado de ser un Estado Social para convertirse en uno mercantil; tampoco es Democrático por la falta de pluralidad que de hecho amordaza la expresión pública, y el Derecho tiene que impartirlo un tribunal europeo porque las leyes en España amparan a los poderosos y los ricos. Esta no es la sociedad que prefiero. Tampoco la he votado.
De pocos años a esta parte, las transformaciones que se presentan como ineludibles desde criterios de eficiencia mercantil están suprimiendo conquistas sociales y derechos individuales que presumíamos inviolables por estar consagrados en la propia Constitución, aquella con la que pensábamos que España se constituía en un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Sin embargo, basta prestar atención a lo que acontece en la actualidad para poner en duda que sean esos valores constitucionales los que guían el sentido de unas decisiones que están dándole la vuelta a nuestro modo de vida. He aquí algunos ejemplos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que intervenir para evitar que una pareja con dos hijos pequeños, tras agotar todas las instancias judiciales nacionales, fuera desalojada de una vivienda que ocupó por extrema necesidad de forma ilegal.
Si el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, ¿por qué se ha tenido que acudir a instancias supranacionales para que se imparta justicia en España? ¿Acaso hay que llegar a actos de ciega desesperación para que lo “social”, que debería caracterizar a nuestro Estado, sea atendido por el Gobierno antes que lo “económico”?
Ya son varios los suicidios protagonizados en diversas ciudades españolas por personas desesperadas que iban a ser desahuciadas por impagos de sus hipotecas. Incluso una pensionista de 74 años se ha visto obligada a encerrarse en una sucursal del banco BBVA de Guadalajara para forzar una negociación con la entidad que evitase su desahucio. La anciana había presentado su vivienda como aval para la hipoteca de un piso que solicitó su hijo, también pensionista por minusvalía, y que había dejado de pagarla tras perder el empleo.
En Alcalá de Henares, una alumna que iba a matricularse en septiembre para el segundo curso intermedio de Inglés no ha podido cumplir su sueño. La tasa de matrícula había subido de 120 a 250 euros, más 19 de gastos. Y eso sin repetir, pues en tal caso la tasa se elevaría a 299 euros. Su familia no podía costear tales gastos y tuvo que renunciar a continuar sus estudios.
La “solución” de las becas universitarias tampoco se presenta factible puesto que, a partir de este curso, se exigirá una nota media de 6,5 y aprobar la totalidad de las asignaturas para poder conseguirla. Ser pobre y del “montón” te condena a convertirte en mano de obra barata, sustituible sin apenas “costo” por despido.
Trabajadores y sindicatos protestan en Valencia ante la Consejería de Bienestar Social por la asfixia económica a la que someten a centros y programas de atención a menores, familias y jóvenes en situaciones de maltrato, desahucios y otros casos de exclusión social, y que eran gestionados por entidades sin ánimo de lucro en aquella Comunidad. Circunstancias semejantes que dejan de ser paliadas y que empujan a un albañil de 57 años, en paro, que intentaba “arreglarse” con las miserias que obtenía como gorrilla en un solar de Málaga, a prenderse fuego porque ya “no tenía ni para comer”.
Menos dramático, pero sin comer, están más de 6.500 niños de cerca de un centenar de colegios de Cádiz, Huelva y Sevilla a causa de la huelga de transportistas de una empresa que abastecía de alimentos a los comedores escolares de estas provincias, por impagos de la Junta de Andalucía.
Las guarderías de la región también habían advertido el pasado verano de que se verían obligadas a cobrar directamente a los padres el coste de sus servicios ante los atrasos en las subvenciones acordadas con la Administración comunitaria.
Los médicos de Madrid dimiten en masa de sus cargos directivos para disuadir al Gobierno de la región de sus planes para la privatización de hospitales y centros de salud. La marea blanca de protestas no frena, sin embargo, una iniciativa en la que no se desglosa ningún detalle ni estudio que evidencie la supuesta “mejora” para la sanidad y el “ahorro” para las arcas públicas que represente una gestión privada frente a la pública.
Mientras tanto, se retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, se exige el pago de un euro por receta a los usuarios y se impone el copago en las medicinas a los pensionistas que estaban exentos. Además, se suprimen determinadas prestaciones de la cartera de servicios y el aborto vuelve a estar restringido a supuestos que limitan este derecho de la mujer.
Todas estas medidas –y otras muchas- hunden la capacidad de las familias para el ahorro y abocan al paro y al empobrecimiento general de una sociedad española paralizada de espanto. Según Eurostat, la cifra de desempleados alcanza ya los 6 millones de personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 26,6 por ciento, el doble de la media en la Zona Euro.
Mientras estas transformaciones van moldeando una nueva sociedad, los casos de corrupción se multiplican y afectan incluso a la Familia Real. Más de 300 cargos imputados, repartidos en cinco autonomías fundamentalmente (Baleares, Valencia, Cataluña, Galicia y Andalucía) y que afecta a los partidos mayoritarios, dan muestra del desvalijamiento que los políticos más inmorales y desvergonzados hacen del dinero público. Un dinero que falta para prestar los servicios básicos que demanda la sociedad, pero que corre a raudales para el enriquecimiento de unos pocos o para favorecer a los poderosos.
Si este es el modelo de sociedad que queremos, creo que nos hemos equivocado. España ha dejado de ser un Estado Social para convertirse en uno mercantil; tampoco es Democrático por la falta de pluralidad que de hecho amordaza la expresión pública, y el Derecho tiene que impartirlo un tribunal europeo porque las leyes en España amparan a los poderosos y los ricos. Esta no es la sociedad que prefiero. Tampoco la he votado.
DANIEL GUERRERO
