Pues sí que la ha liado Alberto. Me refiero al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la nueva ley de tasas judiciales que ha encontrado contestación no sólo por parte de los usuarios sino de las fuerzas políticas, jueces, abogados y procuradores y desde dentro del propio Partido Popular en la persona de Alberto Nuñez Feijóo, que solicitaba una “reconsideración de determinadas tasas judiciales aprobadas”.
La verdad es que a nadie le agrada que un servicio básico que ha de brindar el Estado, precisamente el que garantiza el ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos constitucionales de la población, se encarezca en la proporción que lo hace, dificultando gravemente el acceso de los ciudadanos a la Justicia, lo que provoca una evidente indefensión que es del todo incompatible con los principios de libertad democrática.
¿Que va a actuar como una medida disuasoria como argumenta el ministro? Evidentemente que sí, pero como puede suceder en la Sanidad si se impone una tasa por acudir a los servicios de Urgencias o a las consultas regladas. No obstante, no les quepa la menor duda de que ese mecanismo de disuasión va a provocar daños irreparables y va a marcar de forma clara a dos sociedades contrapuestas y señaladas por la discriminación entre quienes gozan de seguridad jurídica y quienes no pueden acceder a ella; o entre quienes incumplen las normas y aquellos que se ven imposibilitados de reclamar jurídicamente dicho incumplimiento.
Leía hace un rato tres ejemplos prácticos muy claros. En un caso, el conductor al que se le pone una multa sin retirada de puntos por un importe de 100 euros y que decide recurrirla por injusta. Las tasas judiciales que deberá sufragar este individuo serán de 200 euros, el doble del importe de la sanción, por lo cual, como comprenderán, optará por pagar la mitad, aún en la creencia de ser objeto de una injusticia al sancionársele.
Otro caso es el de unos padres que ponen una demanda como consecuencia de un error médico que deja a su hija tetrapléjica y han de elevar sus recursos ante el Supremo, ganando finalmente la misma. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley no tenían que pagar nada; en la actualidad, el proceso judicial les costaría 11.300 euros.
Y el tercero, y muy frecuente, la reclamación por una factura errónea del teléfono, la luz o el gas, por valor de 80 euros, supondrá al cliente de dichas empresas otros 200 euros en tasas judiciales, lo que supone un claro caso de indefensión y una posición de fuerza por parte de las grandes empresas y de la que, sin ningún tipo de escrúpulos, pueden aprovecharse.
Frente al criterio defendido por Ruiz-Gallardón y aprobado por el Gobierno, me quedo con el expresado por Nuñez-Feijóo, en el sentido de la reconsideración de determinadas tasas, adecuando las mismas a principios de igualdad jurídica que, sin lugar a dudas, con la presente ley van a ser conculcados.
Hay que recaudar, no me queda la menor duda, pero hay que hacerlo con cabeza y, sobre todo, desde fórmulas de justicia social por mucho que estas sean complicadas de aplicar ya que para eso le pagamos el sueldo al ministro y a su equipo: para solventar las complicaciones y aplicar las mejores medidas, no las que recauden más.
La verdad es que a nadie le agrada que un servicio básico que ha de brindar el Estado, precisamente el que garantiza el ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos constitucionales de la población, se encarezca en la proporción que lo hace, dificultando gravemente el acceso de los ciudadanos a la Justicia, lo que provoca una evidente indefensión que es del todo incompatible con los principios de libertad democrática.
¿Que va a actuar como una medida disuasoria como argumenta el ministro? Evidentemente que sí, pero como puede suceder en la Sanidad si se impone una tasa por acudir a los servicios de Urgencias o a las consultas regladas. No obstante, no les quepa la menor duda de que ese mecanismo de disuasión va a provocar daños irreparables y va a marcar de forma clara a dos sociedades contrapuestas y señaladas por la discriminación entre quienes gozan de seguridad jurídica y quienes no pueden acceder a ella; o entre quienes incumplen las normas y aquellos que se ven imposibilitados de reclamar jurídicamente dicho incumplimiento.
Leía hace un rato tres ejemplos prácticos muy claros. En un caso, el conductor al que se le pone una multa sin retirada de puntos por un importe de 100 euros y que decide recurrirla por injusta. Las tasas judiciales que deberá sufragar este individuo serán de 200 euros, el doble del importe de la sanción, por lo cual, como comprenderán, optará por pagar la mitad, aún en la creencia de ser objeto de una injusticia al sancionársele.
Otro caso es el de unos padres que ponen una demanda como consecuencia de un error médico que deja a su hija tetrapléjica y han de elevar sus recursos ante el Supremo, ganando finalmente la misma. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley no tenían que pagar nada; en la actualidad, el proceso judicial les costaría 11.300 euros.
Y el tercero, y muy frecuente, la reclamación por una factura errónea del teléfono, la luz o el gas, por valor de 80 euros, supondrá al cliente de dichas empresas otros 200 euros en tasas judiciales, lo que supone un claro caso de indefensión y una posición de fuerza por parte de las grandes empresas y de la que, sin ningún tipo de escrúpulos, pueden aprovecharse.
Frente al criterio defendido por Ruiz-Gallardón y aprobado por el Gobierno, me quedo con el expresado por Nuñez-Feijóo, en el sentido de la reconsideración de determinadas tasas, adecuando las mismas a principios de igualdad jurídica que, sin lugar a dudas, con la presente ley van a ser conculcados.
Hay que recaudar, no me queda la menor duda, pero hay que hacerlo con cabeza y, sobre todo, desde fórmulas de justicia social por mucho que estas sean complicadas de aplicar ya que para eso le pagamos el sueldo al ministro y a su equipo: para solventar las complicaciones y aplicar las mejores medidas, no las que recauden más.
ENRIQUE BELLIDO
