Era el 8 de noviembre de 1995 cuando el Pleno del Senado aprobaba la constitución de la Comisión de Investigación de las responsabilidades políticas derivadas de la creación y actuación de los GAL –así se denominó- que, presidida por el parlamentario canario Victoriano Rios, la compusimos un total de 32 senadores. Se catalogó en su día como un "hecho histórico" que en el Parlamento de la Nación se dilucidasen responsabilidades políticas sobre la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) –lo que se vino en denominar "terrorismo de Estado"-, algo que se logró después de un complejo acuerdo entre las fuerzas políticas.
Tan complejo fue dicho acuerdo y tan poco claro tenían todos que se abriese el melón de investigar en las cloacas del Estado y los fondos reservados que la Comisión sólo celebró seis sesiones, quedando disuelta un mes después de su constitución, el 21 de diciembre de ese mismo año, sin conclusiones de ningún tipo.
Les traigo este recuerdo a colación por lo acontecido recientemente en el Parlamento andaluz con la Comisión especial de los ERE que, como era de suponer, ha concluido sus trabajos de forma descafeinada, tirándose los trastos a la cabeza los grupos políticos que la componían y dándonos, nuevamente, un ejemplo de en manos de quiénes estamos así como del ocultismo y la manipulación política con la que se tratan este tipo de asuntos que afectan a aquellos que han de investigar sobre los mismos.
Con un panorama similar se ha iniciado en el Ayuntamiento de Madrid la Comisión que investigará las responsabilidades políticas en los sucesos acontecidos en el Madrid Arena, vetándose la comparecencia de ciertos cargos públicos y, de seguro, poniendo las bases para unas conclusiones que limiten al máximo dichas responsabilidades.
Ello, unido a muchos antecedentes previos del fracaso de este tipo de comisiones, nos debe llevar a la conclusión de que es absurdo que sea el reo quien se juzgue a sí mismo y de no tratarse de unos representantes independientes –y los de los partidos políticos claro está que no lo son- carece de cualquier sentido mantener este tipo de mecanismos de control que lo único que consiguen es dejar en el más profundo de los ridículos nuestro sistema democrático, ahondando aún más si cabe en nuestra desconfianza hacia el mismo.
Tenemos un sistema judicial que es el órgano que debe valorar este tipo de actuaciones, que deberá diferenciar entre lo que es un error y aquello otro que se convierte en delito y exigir las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de la actuación de nuestros representantes políticos.
Ellos aludirán siempre al efecto dañino que pueda tener judicializar la política, pero si se muestran, como se viene mostrando, incapaces de acatar unas normas de conducta que son idénticas a las exigidas al resto de ciudadanos y, además, desprecian de manera insultante ese mecanismo extraordinario que representan las comisiones de investigación, deberá ser la Justicia la que garantice el principio de legalidad.
El espectáculo dado en Andalucía por todos los partidos políticos no ha podido ser más vergonzoso. Por eso, confiemos en que, definitivamente, sea la jueza Mercedes Alaya la que ponga a cada cual en su sitio.
Tan complejo fue dicho acuerdo y tan poco claro tenían todos que se abriese el melón de investigar en las cloacas del Estado y los fondos reservados que la Comisión sólo celebró seis sesiones, quedando disuelta un mes después de su constitución, el 21 de diciembre de ese mismo año, sin conclusiones de ningún tipo.
Les traigo este recuerdo a colación por lo acontecido recientemente en el Parlamento andaluz con la Comisión especial de los ERE que, como era de suponer, ha concluido sus trabajos de forma descafeinada, tirándose los trastos a la cabeza los grupos políticos que la componían y dándonos, nuevamente, un ejemplo de en manos de quiénes estamos así como del ocultismo y la manipulación política con la que se tratan este tipo de asuntos que afectan a aquellos que han de investigar sobre los mismos.
Con un panorama similar se ha iniciado en el Ayuntamiento de Madrid la Comisión que investigará las responsabilidades políticas en los sucesos acontecidos en el Madrid Arena, vetándose la comparecencia de ciertos cargos públicos y, de seguro, poniendo las bases para unas conclusiones que limiten al máximo dichas responsabilidades.
Ello, unido a muchos antecedentes previos del fracaso de este tipo de comisiones, nos debe llevar a la conclusión de que es absurdo que sea el reo quien se juzgue a sí mismo y de no tratarse de unos representantes independientes –y los de los partidos políticos claro está que no lo son- carece de cualquier sentido mantener este tipo de mecanismos de control que lo único que consiguen es dejar en el más profundo de los ridículos nuestro sistema democrático, ahondando aún más si cabe en nuestra desconfianza hacia el mismo.
Tenemos un sistema judicial que es el órgano que debe valorar este tipo de actuaciones, que deberá diferenciar entre lo que es un error y aquello otro que se convierte en delito y exigir las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de la actuación de nuestros representantes políticos.
Ellos aludirán siempre al efecto dañino que pueda tener judicializar la política, pero si se muestran, como se viene mostrando, incapaces de acatar unas normas de conducta que son idénticas a las exigidas al resto de ciudadanos y, además, desprecian de manera insultante ese mecanismo extraordinario que representan las comisiones de investigación, deberá ser la Justicia la que garantice el principio de legalidad.
El espectáculo dado en Andalucía por todos los partidos políticos no ha podido ser más vergonzoso. Por eso, confiemos en que, definitivamente, sea la jueza Mercedes Alaya la que ponga a cada cual en su sitio.
ENRIQUE BELLIDO
